La terminación del contrato de trabajo frente a la situación de discapacidad : un análisis a partir del principio de la estabilidad en el empleo en Colombia

El derecho laboral en Colombia desde su constitucionalización ha experimentado notables variaciones, lo que se evidencia en la diversidad de criterios jurisprudenciales que existen respecto a la procedencia de la terminación del contrato de trabajo de un discapacitado a la luz del alcance del principio de la estabilidad en el empleo. Es por ello, que el norte de la presente tesina fue identificar en qué circunstancias puede un empleador terminarle el contrato de trabajo a un discapacitado en Colombia. Se trató de un estudio basado en un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo, las técnicas de recolección de información fueron la revisión bibliográfica y el análisis jurisprudencial. Así las cosas, se obtuvo que desde la perspectiva Constitucional las circunstancias donde procede la terminación del contrato de trabajo de un discapacitado son: Cuando la reubicación desborda la capacidad del empleador, cuando existe una justa causa distinta a la enfermedad, con autorización por parte del ministerio de protección social, cuando no hay nexo de causalidad entre la terminación y la situación de discapacidad, cuando la asignación de nuevas funciones pueda colocar en riesgo la integridad del trabajador y en los casos de reconocimiento de la pensión de invalidez. A contrario sensu, desde la perspectiva ordinaria las circunstancias en las que procede la terminación son: Cuando los trabajadores discapacitados no han sido calificados como tal, por vencimiento del plazo pactado o la realización de la obra, y cuando la calificación de la enfermedad es posterior a la terminación

LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL FISCAL EFECTIVO, ESTRATÉGICO Y GERENCIAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

La TESIS DOCTORAL comprobó las hipótesis planteadas por el autor en el plan de estudios; pues se elaboró, presentó, aprobó e implementó El NUEVO MODELO DE CONTROL FISCAL resultado de años de experiencia e investigación que introdujo el control “concomitante y preventivo”, la creación de NOVEDOSOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y VIGILANCIA, CON RESULTADOS VISIBLES EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.EL CONTROL FISCAL OPORTUNO, EFECTIVO Y GERENCIAL RESULTADO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA, contribuyó en la aplicación de los principios de la buena administración en el uso de los recursos públicos en términos de oportunidad y efectividad y fue respaldado por LA CORTE CONSTITUCIONAL, como máximo tribunal que salvaguarda la integridad y supremacía de la Constitución Política que sitúa al ser humano como la razón de ser, principio y fin del ESTADO SOCIAL DE DERECHO y la dignidad humana es su verdadero sentido, postulado que coincide con la OCDE La Constitución Política de Colombia, establece que la Soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. En ese sentido, el presente estudio, contribuyó en la formulación e implementación del nuevo modelo de control fiscal que desarrolla la Buena administración como un derecho fundamental de los ciudadanos y un deber de los Gestores públicos.The doctoral thesis tested the hypothesis raised by the author in the curriculum, since a new model of fiscal control, as a result of the authors’ experience, was developed, presented, approved and implemented. This new model introduced a “concomitant and preventive” control, created novel planning systems and management and monitoring instruments, with visible results in the field of artificial intelligence. A timely, effective and managerial fiscal control, as a result of constitutional reform in Colombia, contributed to the implementation of the principles of good administration in the use of public resources in terms of opportunity and effectiveness and was endorsed by the Constitutional Court of Colombia, which protects the integrity and supremacy of the Colombian Constitution. The Colombian Constitution considers the human being as the reason to be, the beginning and end of the Social State and human dignity as its main reasons, which agrees with the OECD’s policy. Colombian Political Constitution states that sovereignty resides exclusively in the people from which public power emanates. In this sense, this study has contributed to the formulation and implementation of a new model of fiscal control that develops good administration as a citizen's right and a duty of Public Managers.Tesis Univ. Jaén. Departamento de Derecho Públic

El desconocimiento de los efectos de las decisiones judiciales frente al principio de legalidad en el ámbito de las relaciones de sujeción especial

En esta investigación se pretende mostrar un estudio en el que se condensa el valor de las decisiones judiciales, con las implicaciones que desde el punto de vista del principio de legalidad que opera en materia disciplinaria, tendría sostener que sí un sujeto disciplinable – entiéndase autoridades jurisdiccionales, administrativas y demás sujetos pasibles de esta sub especie del derecho administrativo sancionador del Estado – cuando desconoce la jurisprudencia incurre en una conducta de carácter disciplinario. Lo cual también pretende abrir la discusión, por lo novedoso del tema, de construir una teoría respecto de las implicaciones que tal propuesta tendría en nuestro sistema jurídico, y si por esta vía, se justifica que para garantizar la coherencia y unidad del sistema jurídico pueda sancionarse disciplinariamente a quien vinculado por una relación de sujeción especial con el Estado, desconozca pautas jurisprudenciales – obligatorias y/o vinculantes – sin la existencia de una ley previa que haya determinado que tal comportamiento deba ser objeto de reproche disciplinario

Justicia penitenciaria: penas alternativas, penas sustitutivas y subrogados penales en Colombia. Una mirada hacia la resocialización y humanización a partir de la Ley 599 de 2000

Esta investigación tiene su origen en el problema planteado frente a la crisis carcelaria y penitenciaria que se viene dando en Colombia desde que se evidenció en el año 1988. En ese año la Corte Constitucional constató la existencia del hacinamiento carcelario, cuya consecuencia es la violación masiva de derechos fundamentales. Así lo plasmó la Corte en su sentencia T. 153, con el agravante de que más del 50% de la población condenada y privada de la libertad lo está por delitos con penas menores a 8 años de prisión y sin acceso a la pena sustitutiva de prisión, como tampoco al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena de acuerdo a los reportes mensuales del INPEC. Lo anterior conduce a la siguiente pregunta central para esta investigación: ¿Cuáles son las posibilidades de dar apertura a las penas alternativas, sustitutivas y subrogados penales a conductas punibles de menor gravedad, a partir de la observación de postulados contemplados en la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos y la ley penal sin que tenga que acudirse a la pena de prisión en Colombia? A partir de la pregunta, este trabajo se enfocó en hacer un estudio de la pena de prisión, la pena sustitutiva y subrogados penales consagrados en la Ley 599 de 2000. Se buscó complementar con las penas alternativas que no son una realidad en la ley penal ordinaria pero sí se incluyeron en la Ley 975 de 2005. Esta busca facilitar procesos de paz y reincorporación adelantados en delitos considerados como graves y que en muchas legislaciones han tenido apertura para delitos de menor gravedad dirigidos a evitar que la persona ingrese a una cárcel y sufra el contagio criminal. Igualmente, se verificó a través de los informes del INPEC a la población condenada privada de la libertad con penas menores a 8 años (que es el límite fijado en la Ley penal para acceder a la prisión domiciliaria), aclarando que las tablas registradas en los diferentes informes y estadísticas parte de grupos de poblaciones que en sus primeros dos rangos van de 0 a 5 años y la segunda hasta 10 años. Esto nos llevó, en un segundo momento, a hablar de aproximaciones por no tener una cifra fija de cuántos sentenciados con penas menores a 8 años están realmente privados de la libertad. A fin de concretar algunas causas que nos indicaran la razón del por qué, aproximadamente el 50% de la población está en los dos rangos mencionados. Se realizaron a nivel local unas entrevistas a la población condenada recluida en los centros penitenciarios y carcelarios cuya competencia está en cabeza de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del Circuito Judicial de Tunja. Igualmente se realizaron dichas entrevistas a sentenciados que disfrutan pena sustitutiva de prisión domiciliaria o algún subrogado, así como a jueces y abogados. Todo esto con el fin de poder informarse de la realidad carcelaria y concretar otras posibilidades que ayuden a obtener el fin de la pena a partir de principios humanistas. Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho que acepta y acoge los derechos fundamentales de las personas en igualdad de condiciones, y además suscribiendo y ratificando instrumentos internacionales se planteó la siguiente hipótesis: las penas alternativas, las penas sustitutivas y los subrogados penales pueden llegar a lograr que el sentenciado alcance el respeto de sus garantías constitucionales y pueda ser visto como un ser dotado de dignidad, libertad y justicia sin que ello implique vulnerar los principios elementales de la víctima y de la misma sociedad. Se ha demostrado a través de diferentes investigaciones y en diferentes fallos de tutela que la pena de prisión como pena principal no cumple su finalidad. Esto convierte en una necesidad la búsqueda de mecanismos que conlleven a la desprisionalización, como lo hizo ver la Corte Constitucional en su sentencia T- 762 de 2015. Sobre todo, en aquellas conductas cuya naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible permiten la aplicación de otras posibilidades diferentes a la prisión que pueden llegar a garantizar la resocialización y el cumplimiento de derechos fundamentales del recluso.This investigation has its origin in the problem posed against the prison and penitentiary crisis that has been occurring in Colombia since it was evidenced in the year 1988. In that year the Constitutional Court found the existence of prison overcrowding, whose consequence is the massive violation of fundamental rights. This was reflected by the Court in its judgment T. 153, with the aggravating circumstance that more than 50% of the population convicted and deprived of their liberty is convicted of crimes of less than 8 years in prison and without access to the alternative sentence of imprisonment. prison, as well as the subrogate of the suspension of the execution of the sentence according to the monthly reports of the INPEC. The foregoing leads to the following central question for this investigation: What are the possibilities of opening alternative penalties, substitutes and criminal subrogations to punishable behavior of lesser gravity, based on the observation of postulates contemplated in the National Constitution, treaties international human rights and criminal law without having to resort to imprisonment in Colombia? From the question, this work focused on making a study of the prison sentence, the substitute penalty and criminal surrogates enshrined in Law 599 of 2000. It was sought to supplement the alternative penalties that are not a reality in criminal law ordinary but they were included in Law 975 of 2005. This seeks to facilitate processes of peace and reincorporación advanced in crimes considered as serious and that in many legislations have had opening for less serious crimes aimed at preventing the person from entering a prison and suffer the criminal contagion. Likewise, through the INPEC reports, the convicted population deprived of liberty with sentences of less than 8 years was verified (which is the limit established in the Criminal Law for access to residential prison), clarifying that the tables registered in the different reports and statistics from population groups that in their first two ranges go from 0 to 5 years and the second up to 10 years. This led us, in a second moment, to talk about approaches for not having a fixed number of how many sentenced with sentences under 8 years are really deprived of freedom. In order to specify some causes that indicate why, approximately 50% of the population is in the two ranges mentioned. Interviews were conducted at the local level with the convicted population held in penitentiary and prison centers whose competence is at the head of the execution judges of sentences and security measures of the Tunja Judicial Circuit. These interviews were also conducted with sentenced persons who enjoy a substitute sentence of house arrest or a surrogate, as well as judges and lawyers. All this in order to be able to be informed of the prison reality and specify other possibilities that help to obtain the end of the sentence from humanistic principles. Bearing in mind that Colombia is a Social and Democratic State of Law that accepts and welcomes the fundamental rights of people under equal conditions, and also subscribing and ratifying international instruments, the following hypothesis was put forward: alternative sanctions, alternative sanctions and criminal surrogates can achieve that the sentenced reaches the respect of their constitutional guarantees and can be seen as a being endowed with dignity, freedom and justice without implying violating the basic principles of the victim and society itself. It has been demonstrated through different investigations and in different judgments of guardianship that the prison sentence as the main penalty does not fulfill its purpose. This makes it a necessity to search for mechanisms that lead to de-professionalization, as the Constitutional Court did in its T-762 judgment of 2015. Above all, in those behaviors whose nature of the legal right and the lesser lesividad of punishable conduct they allow the application of other possibilities different from the prison that can guarantee the re-socialization and the fulfillment of the fundamental rights of the inmat

Responsabilidad penal del servidor público por la comisión de los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción y desplazamiento forzado en procesos de licenciamiento ambiental de proyectos de interés nacional estratégico

El objetivo planteado en este trabajo de grado consistió en estudiar los efectos no convencionales de los delitos contra la Administración Pública, sobre bienes jurídicos diferentes a aquél y en cabeza de la ciudadanía en general, como principal destinataria de las decisiones y actuaciones de los servidores públicos, integrantes del aparato burocrático estatal. Dada la extensión de estas materias, se restringió su análisis a la comisión de los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción, por parte de dos niveles de servidores públicos, pertenecientes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el marco de los procesos de licenciamiento ambiental de Proyectos de Interés Nacional Estratégico. Así, no solo se explicaron los principales problemas de la regulación ambiental en esta clase de trámites, sino que se cuestionó el desplazamiento involuntario como impacto socioeconómico autorizado por la normatividad ambiental y se sugirió bajo cuáles circunstancias puede dar lugar a la configuración del delito común de desplazamiento forzado. Por último, se formuló una casuística con base en el concurso real de los tres delitos mencionados, con un énfasis en el desplazamiento forzado, y se desarrolló la responsabilidad de los servidores públicos con especial atención al tipo subjetivo configurado en cada caso.The purpose of this paper was to study the non-conventional effects of crimes against the Public Administration on different legal assets protected and on citizens in general, as the main addressees of the decisions and actions of public servants, who are members of the State bureaucratic apparatus. Given the extension of these matters, their analysis was restricted to the commission of the crimes of bribery and prevarication by action, by two levels of public servants, belonging to the National Environmental Licensing Authority, in the framework of the environmental licensing processes of Projects of Strategic National Interest. Thus, not only were the main problems of environmental regulation explained in this type of procedure, but involuntary displacement was questioned as a socio-economic impact authorized by environmental regulations and it was suggested under what circumstances it could give rise to the configuration of the common crime of forced displacement. Finally, a casuistry was formulated based on the real concurrence of these three mentioned crimes, with an emphasis on forced displacement. The responsibility of public servants was also developed with special attention to the subjective type configured in each case.Abogado(a)Pregrad

Descentralización, instituciones y organizaciones: trayectoria en Colombia

Se tiende a contemplar la descentralización como una decisión que se toma en una coyuntura, y a evaluar sus resultados a partir de los efectos que se producen desde dicho hito. Aunque en los estudios no se asume la descentralización actual como un hecho emergente, es decir, como un hecho sin precedentes, si se le atribuyen las características que actualmente tiene, a las reformas de la década de los ochenta del siglo XX y a la Constitución de 1991, que dieron como resultado la que se considera la etapa con mayor descentralización de la República de Colombia. Antes de tales reformas, a las divisiones territoriales no se les reconoce un rol específico y determinante en la construcción y consolidación del Estado de Colombia. Visto así, la descentralización en Colombia es un proceso relativamente joven, de un poco más de 30 años. No obstante, los estudios sobre la descentralización en esas décadas no permiten observar cómo evolucionaron las reglas y organizaciones de la descentralización en el Estado Colombiano, de forma que se contribuya en la explicación del actual diseño de la descentralización y su desempeño La presente tesis doctoral titulada “Descentralización, Instituciones y Organizaciones. Trayectoria en Colombia”, tiene como como objeto de investigación, las instituciones, organizaciones de la descentralización en Colombia en el periodo de la República 1821 a 2014. El objetivo principal es identificar los elementos que contribuyen a la explicación y comprensión del rol jugado por las divisiones territoriales en la construcción y consolidación del Estado Colombiano, así como la configuración organizacional de la descentralización que resultó en dicho proceso. Los objetivos específicos de la investigación fueron: explorar, describir y analizar las instituciones que configuraron el poder público en la República de Colombia y su relación con las divisiones territoriales, desde el nacimiento de la República hasta el presente; identificar la trayectoria de las formas organizacionales que han actuado en la descentralización en Colombia desde el inicio de la República y que determinaron la actual configuración organizacional de la descentralización; e identificar la configuración de reglas y organizaciones que ejercen la vigilancia y el control de gestión fiscal y resultados de la descentralización en Colombia..

Derecho Laboral individual con enfoque de derechos y perspectiva de género

El interés que motivó el desarrollo de la presente investigación, fue elaborar un texto para la enseñanza universitaria del Derecho Laboral Individual, desde el enfoque de derechos y con una perspectiva de género, de allí que el hilo conductor de este escrito sean los principios constitucionales, los tratados internacionales de los derechos humanos y las regulaciones normativas referidas al trabajo y a la equidad de género. Es aquí, donde radica la innovación y el aporte, puesto que transcurridos más de 26 años de la expedición de la Constitución Nacional de 1991, la lectura, interpretación y aplicación del Derecho Laboral Individual, por parte de un buen número de empleadores particulares, de autoridades administrativas y judiciales del trabajo y de profesionales del derecho, aún se realiza desde parámetros excluyentes y discriminadores, ajenos a los postulados de igualdad de oportunidades y de trato, de pluralidad, de multiculturalidad, de respeto por la diferencia, propios de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales

Los muertos de Ley 100. Prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud: una razón de su ineficacia. Caso del plan obligatorio de salud del régimen contributivo

En el marco de las posibles contradicciones que de tipo estructural puedan presentarse en el sistema jurídico que rige actualmente el SGSSS, se hará el análisis, únicamente, en relación con la tensión que parece darse en forma natural entre el derecho a la salud y la libertad económica, ambos derechos de rango constitucional. Para este efecto, el plan de trabajo se estructura en dos partes: en la primera se analizan los conceptos básicos relacionados con el contenido del derecho a la salud y el derecho a la libertad económica; además, se realiza una breve descripción de la estructura del SGSSS con énfasis en el modelo económico que lo estructura; en la segunda se detallan varios ejemplos de colisiones entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad económica en el régimen contributivo

El arbitraje desde la perspectiva del derecho a la tutela efectiva en Ecuador

Esta investigación está orientada al estudio del arbitraje doméstico ecuatoriano desde el prisma de la vigencia del derecho constitucional a la tutela efectiva. La hipótesis que sirvió como punto de partida para este estudio es que, dada la naturaleza jurisdiccional atribuida a las funciones de los árbitros en el ordenamiento jurídico nacional, el arbitraje se configura como un cauce para el ejercicio del derecho a la tutela efectiva; pero, para que la tutela que dispensa el sistema arbitral ecuatoriano sea realmente efectiva, resultan imprescindibles una serie de reformas que inciden en cada uno de los grandes momentos comprendidos en el el íter del ejercicio de este derecho de protección: acceso a la justicia, desarrollo del proceso con garantías suficientes para los justiciables y ejecución del laudo. En este orden de ideas, el primer capítulo aborda la discusión del arbitraje como cauce para el ejercicio del derecho a la tutela efectiva. El segundo capítulo se concentra en la relación entre acceso a la justicia y arbitraje, con énfasis en la restricción para este derecho que se presenta en el caso de sometimiento a arbitraje en situaciones de asimetrías estructurales de poder de negociación, así como en el análisis de dos supuestos que constituyen obstáculos para el acceso a la justicia arbitral: uno de carácter procesal, relativo a la ausencia de reglas claras sobre casos especiales de legitimación ad causam – principalmente legitimación de partes no signatarias, sucesores del convenio arbitral y terceros–, y otro, de índole sociecómico, consistente en los costos del arbitraje como impedimento para acceder a la administración de justicia en sede arbitral. El tercer capítulo se orienta a determinar los elementos del debido proceso arbitral y establecer sus particularidades. Parte importante de este capítulo es el análisis de los vacíos del régimen de la acción de nulidad del laudo arbitral, garantía del debido proceso arbitral. Adicionalmente, plantea el debate de la procedencia de la acción extraordinaria de protección como garantía jurisdiccional constitucional sobre laudos arbitrales y busca una solución frente a los problemas que se originan por la multiplicación de espacios de control estatal sobre los laudos. Finalmente, el cuarto capítulo se concentra en los principales vacíos del régimen de ejecución de laudos arbitrales